Praxis en América Latina

Somos una organización humanista marxista conformada por un grupo de activistas-pensador@s que viven principalmente en México, pero que están abiert@s a la colaboración con compañer@s de toda América Latina

¿Pueden lavarse las manos frecuentemente 42 millones de mexicanos sin agua?

 Más de un tercio de los hogares en México no tiene agua diario

* La pandemia de covid-19 es un mal más para
quienes carecen de agua y de todo

* ¿Qué pasa con el agua en México? Si no hay suficiente agua, ¿por qué entonces sobra a unos y falta a otros?

* ¿En qué se emplea?  ¿A dónde, a qué y a quién se destina?

Irina

Hoy, en tiempos de pandemia de coronavirus (covid-19), el gobierno mexicano ordena a los 126 millones de habitantes mantener medidas extremas de higiene, sobre todo, lavarse las manos frecuentemente para evitar el contagio. ¿La orden incluye a los 42 millones de personas que no tienen agua potable a diario en sus hogares? Esto es, a más de 8 millones de pobladores del medio rural que la consiguen en llaves públicas, pozos, ríos, lagos, y a cerca de 33 millones de habitantes urbanos sin suministro diario en sus hogares, que esperan horas para obtener un poco del camión repartidor. El capital y el Estado arrebatan al pueblo el agua para destinarla a la obtención de sus ganancias. ¿Es ésta la normalidad a la que el gobierno mexicano llama a volver? ¿Es ésta a la que nosotras y nosotros anhelamos regresar?

¿El uso del agua, a qué lógica obedece? ¿Quién la determina? En las zonas urbanas, la dotación de agua potable es un reparto clasista, vulnera el derecho a la existencia humana de los de abajo. La red de agua potable la suministra sin límite a los hogares de las colonias residenciales, a las grandes industrias y comercios. Mientras, en las colonias populares, los usuarios tienen que salir a las calles a bloquear las vialidades para que las autoridades atiendan su reclamo de falta de agua en sus hogares. Ésta es la normalidad clasista.Para los desposeídos, el agua es escasa, irregular y de dudosa calidad. No hay suministro diario en las tuberías y grifos de sus viviendas. La dotación depende de que los usuarios se arreglen con los testaferros del clientelismo local. Deja a millones de habitantes días y semanas enteras sin agua potable en sus hogares: “El acceso a los servicios públicos se vuelve un lujo.” Las mujeres, la mitad de la Tierra, son quienes más batallan para conseguir el agua que no llega a sus hogares. Es indispensable para que puedan cumplir el rol de la reproducción social de la vida, que histórica y socialmente les ha sido asignado, esa labor sin paga que realizany llevan sobre sus hombros.

Hoy como ayer, en nuestro país la defensa del agua y el territorio la encabezan las comunidades, los pueblos indígenas y los habitantes organizados. Resisten sin tregua el vil saqueo y la devastación que hace el capital de sus ríos, de sus aguas superficiales y subterráneas. No están dispuestos a ceder lo que les pertenece: “[…] Estamos alertas, sobre todo, ante el saqueo de nuestros ríos […] Las agroindustrias no sólo nos afectan localmente, nos afectan a todos, exacerban el calentamiento global” (Praxis en América Latina núm. 30, febrero-marzo de 2020).

Los moradores originarios de la Madre Tierra enfrentan esta nueva embestida de los grandes inversionistas que invaden sus territorios apropiándose del agua, del espacio y de todos los bienes naturales (bienes sociales) que hacen posible la vida. El capitalismo extractivista vulnera las condiciones de vida de las comunidades, las despoja, las saquea y las desplaza; se apropia de los manantiales y ríos; se apropia y devasta todo cuanto hay en la naturaleza. En todo el país, para asegurar la reproducción social del capital, éste construye y opera sus megaproyectos contraviniendo la voluntad y autodeterminación de los pueblos indígenas y de todos los habitantes, con el total y servil apoyo de los gobiernos.

Las comunidades defienden sus ríos

Mujeres y hombres de las comunidades nahuas de Zacatepec, Cuanalá, Ometoxtla y Nextetelco, que cruza el río Metlapanapa, en la defensa de su río muestran que su resistencia va también contra la pérdida del equilibrio de toda la región, agresivamente afectada por la proliferación y operación de las grandes fábricas del Parque Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala y los Pueblos Unidos contra la Privatización del Agua son partícipes de la lucha en defensa de su territorio invadido por el Proyecto Integral Morelos (PIM). Se oponen rotundamente a la política privatizadora del agua, al proceso de industrialización y a su impacto ambiental en la región del Valle y de los Volcanes en el estado de Puebla. Su resistencia data de los años setenta. La industrialización de la región con sus múltiples empresas exige gran cantidad de agua. El gobierno estatal de Puebla otorgó numerosos pozos de agua a los empresarios, facilitó el acaparamiento y echó andar la privatización del agua; en 2013 promovió una reforma constitucional que abrió la posibilidad de que la administración y distribución del agua pasara a manos de particulares, obstaculizando así la salvaguarda que ejercían los pueblos, colectivos y defensores que aún conservaban ciertas partes de la gestión comunitaria del agua.

El proceso de privatización condujo a la sustracción de agua y a la afectación de los pozos naturales que filtran los manantiales, haciéndolos accesibles al interés privado. Asimismo, dio paso al despojo de tierras y al aumento de la contaminación por desechos industriales, y ahora propicia la ocupación del territorio y uso del afluente con el proyecto de construcción de un colector de residuos en la zona industrial de Huejotzingo, diseñado para verterlos al río: “Lo que queremos es que no maten a ese río.” En enero pasado, las comunidades en defensa del río Metlapanapa y la vida pararon la maquinaria y detuvieron los trabajos del colector industrial; con la presión nacional e internacional ejercida lograron detener las obras del proyecto colector. Del amparo civil promovido por la comunidad, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolvió el pasado 7 de enero que al río Metlapanapa no se [viertan] aguas contaminantes sin tratar. Sin embargo, esta resolución dejó intacto el proyecto del colector y en condición de indefensión a las comunidades. La autoridad facilitó al consorcio el mecanismo para que pudiera descargar sus aguas industriales al río.

La contaminación y envenenamiento de las aguas es violencia desmedida contra la vida y la existencia de las comunidades y de la humanidad, priva a millones de personas de saciar su sed. Es ésta la ley del capitalismo. En la cuenca del río Sonora,

[…] el derrame [al río Sonora y Bacanuchi] hace cuatro años nos cambió la vida […] [Ya] no tenemos agua potable. Compramos garrafones, uno diario. […] vecinos que no tienen dinero toman agua de la llave a pesar de saber que está envenenada. Las cosechas ya […] no se dieron; […] ya no queremos sembrar […] La ampliación de la presa de jales del mismo Grupo México nos está trayendo [graves] problemas, hay filtraciones de ácidos […] nos van a mover más lejos, nos van a desplazar (cemda.org.mx/comites-de-cuenca-río-sonora).

Durante más de cinco años, las comunidades han luchado en contra de la empresa Grupo México, que ocasionó en agosto de 2014 un derrame de 20 millones de litros de sulfato de cobre acidulado procedente de la mina Buenavista de Cobre, el cual envenenó los ríos Sonora y Bacanuchi: “El agua de los pozos se hizo intomable y la planta de tratamiento se cerró porque la empresa no les pagaba a los trabajadores.”El daño del derrame afecta a más de 22 mil personas que habitan los bordes del río, e indirectamente a 250 mil habitantes de Hermosillo. Fue el mayor desastre ecológico ocasionado por una minera.

Los afectados, agrupados en Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), exigen al gobierno federal una verdadera solución y su derecho a ser tomados en cuenta en ella. Su proceso de lucha nace y se desarrolla desde sus asambleas, movilizaciones, caravanas, viajes y foros nacionales e internacionales donde intercambian experiencias con otras comunidades afectadas y dejan al descubierto la impunidad del Grupo México. Articulan su lucha con otras organizaciones defensoras del territorio y el agua y con organizaciones sociales y ambientalistas nacionales e internacionales. La SCJN no hizo valer los compromisos reclamados: acceso al agua potable, atención a la salud y reactivación de la actividad agropecuaria. Las comunidades afectadas de siete municipios de Sonora se están haciendo cargo de los daños a su salud, la falta de agua potable, el deterioro a su territorio y subsuelo, la pérdida de su actividad agropecuaria y la devastación de sus ríos causados por el capital. Seguirán abasteciéndose de agua comprándola embotellada, intentando evitar el contagio de la pandemia y paliar las enfermedades que les causó el desastre.

Rica en manantiales y ríos, la comunidad nahua de Tlanixco, desde fines del siglo pasado padece uno de los despojos más grandes de aguadel Valle de Anáhuac. La población no tiene agua ni para el uso doméstico, sus caudales se desvían hacia los invernaderos del municipio vecino de Villa Guerrero, sede del grupo de empresas extranjeras, denominada Asociación de Floricultores. Por la falta de agua, los pobladores tuvieron que migrar a Estados Unidos en busca de trabajo. Son muchos “los abusos y vejaciones que ha [cometido] el gobierno del Estado de México contra [la] comunidad […] para hacerse del agua que abunda en sus tierras, y concesionarla a las empresas floricultoras […]”.

En 1999, la Asociación de Usuarios de Riego de Villa de Guerrero obtuvo una concesión sobre las aguas superficiales del río Texcaltengo, “[…] dejando a la comunidad sin posibilidad de tomar una gota de agua de arroyo […] En 2009, a Villa Guerrero le otorgaron una asignación de aguas […] de [varios] manantiales. Es ‘un gran negocio’, […] la están vendiendo por hora. La ley de Aguas Nacionales disfraza un mercado de agua y genera despojo a la comunidad.” El pasado 17 de febrero, los defensores del agua representantes del Comité de Agua de Tlanixco, condenados a 50 años de cárcel, fueron notificados de su libertad.

El Barrio de Cuxtitali salvaguarda y defiende su territorio y sus fuentes de agua desde hace tiempo. En 1972, sus habitantes autogestionaron la construcción del Sistema Chupactic, que opera de manera autónoma suministrando agua potable a varios barrios del oriente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se les conoce como un barrio bravo porque defendieron desde un principio su territorio y sus dos reservas: “Hace 30 años no teníamos ningún problema. [Su territorio y manantial] es un lugar sagrado que no permitimos se convierta en un paseo turístico; el gobierno nos lo ha querido quitar. Sin árboles no hay agua. La lucha empezó por nuestros manantiales; seguiremos conservándolos, luchando y trabajando por lo que es nuestro. Nuestros padres y abuelos lucharon por ello. El ser humano no puede vivir sin agua. El gobierno quiere privatizar el agua. [Le preocupa] seamos ejemplo, porque igual la gente se va a organizar”.

¿“Nueva normalidad”?

En México y el mundo, con la pandemia o sin ella, el capital y los gobiernos arrebatan o merman a cada instante las condiciones y medios de vida, viven de nuestro trabajo y nos roban el agua misma. Unos resisten, otros emigran y habitan los cinturones de pobreza, donde es “normal” falte el agua y todo lo demás. En este contexto, se nos ordena extremar la higiene, mientras se deja a millones de mexican@s sin agua para poder lavarse las manos frecuentemente. ¿A esta normalidad queremos retornar? ¿Queremos esa “nueva normalidad”? ¿Ser partícipes del perverso juego de “cambiar” para que no cambie nada?

En México, en plena fase tres de la pandemia, con creciente y altísimo nivel de contagio y propagación, el capital impuso retornar al trabajo no esencial porque le urge reactivar su fuente de ganancias: la producción de valores. El mandón (el capital) y sus serviles (gobiernos) imponen, por encima de la vida de los habitantes, volver a los centros de trabajo: regresar a la mal llamada nueva normalidad”. ¿Dejaremos que prevalezca y continúe ese orden social de muerte? ¿No es cosa nuestra la salud, el agua, la permanencia de la vida de nosotras, nosotros, de la humanidad?

Hoy, en proceso de extinción por la devastación, acaparamiento y apropiación de los bienes sociales que hace el sistema capitalista, ¿qué hace falta saber, sentir, vivir, para parar este estado de cosas? ¿Consideramos necesaria una visión humanista para entender cómo el propio desarrollo colectivo de nuestras fuerzas puede acabar con esta prehistoria de la humanidad y arrancar el velo que impide a nuestros ojos, oídos, mentes, sentires, pensamientos, cuerpos y voces mirar nuestra acción organizada en movimiento, descubrir y respondernos juntos: ¿Tiene que ser así? ¿No puede ser de otra manera? ¿Podemos pensar-actuar colectivamente para tomar las riendas de nuestro destino?, ¿para construir verdaderamente una nueva sociedad, donde trabajadoras y trabajadores libremente asociados seamos quienes sentemos las bases para establecer una sociedad verdaderamente humana con un modo de producción de y para el pueblo?  

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