Las minas de Grupo México: Criminalización y resistencia

Grupo México, la compañía minera más grande de México, dirigida por Germán Larrea, ha operado una empresa criminal durante décadas y décadas. Ha explotado el sudor del trabajo de los mineros para enriquecer a sus accionistas. Cuando los mineros de diferentes minas de Grupo México han intentado organizar sindicatos independientes para exigir salarios dignos y condiciones de trabajo seguras, ha respondido con matones rompe-huelgas, a menudo ayudados por funcionarios estatales y el Ejército Federal. Grupo México ha hecho caso omiso de la salud y seguridad en las minas, lo cual ha provocado decenas de muertes y lesiones incalculables por “accidentes” evitables, incluida la muerte en 2006 de 65 mineros en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. Ha contaminado el agua y el suelo de numerosas comunidades, incluido un derrame masivo de acción sulfúrica en el Río Sonora. A las actividades de deshecho de los hornos de fundición de Grupo México en numerosos estados le ha seguido la negativa a limpiar los sitios contaminados. “Un monumento a la deshumanización y la barbarie” es el término utilizado para describir uno de esos sitios que dejó una subsidiaria de Grupo México en Ciudad Juárez. La criminalidad de Germán Larrea y su empresa es tan vasta que se necesitarían páginas y páginas para enumerarla. Al mismo tiempo, ha habido una creciente resistencia a esta criminalidad:

• Las familias de los mineros asesinados en Pasta de Conchos han estado exigiendo y siguen exigiendo que saquen a sus seres queridos de la mina. Germán Larrea se ha negado una y otra vez a hacerlo, alegando que es demasiado peligroso, y sólo recientemente accedió supuestamente a hacerlo.
• Esposas e hijos de mineros de la mina de cobre Buenavista del Cobre del Grupo México, que han estado en huelga durante unos 13 años, bloquearon recientemente una carretera principal y una línea de ferrocarril en Sonora, exigiendo que el presidente López Obrador se reúna con ellos, y obligar a Germán Larrea, a quien identificaron como “un empresario asesino”, a negociar con el sindicato de mineros para resolver la huelga.
• En agosto hace seis años, el Río Sonora se contaminó con un derrame masivo de la misma mina de Buenavista del Cobre:
•  

La contaminación del río Sonora

Fue el mayor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México, cuando la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de ácido sulfúrico que contenían 700 toneladas de metales pesados ​​en los ríos Bacanuchi y Sonora. Las consecuencias de este incidente en estos cuerpos de agua, el ecosistema y los habitantes de la región, continúan hasta el día de hoy porque la empresa incumplió los compromisos de saneamiento y atención a los afectados, especialmente en siete municipios afectados: Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.

En resistencia, las comunidades han formado el Comité Cuenca del Río Sonora. Aquí unos extractos de su declaración más reciente emitida en el sexto aniversario del desastre ecológico:

Desde los ríos Sonora y Bacanuchi, sitios de lucha y dignidad en donde hace seis años Grupo México arrojó 40 millones de litros de metales pesados y no tuvimos ni remediación, ni justicia, ni posturas claras de las autoridades, elevamos la voz para expresar la indignación que atraviesan nuestros pueblos y reafirmamos la postura de seguir exigiendo un río seguro, limpio, y digno para sus habitantes.

No hemos descansado en nuestro esfuerzo por obtener una remediación integral de los ríos Sonora y Bacanuchi, y una garantía de no repetición lo suficientemente sólida, de forma que pueda revertir la desconfianza generada en las comunidades de la cuenca a raíz de la desatención a nuestros reclamos y necesidades. A seis años de iniciar la lucha, de escuchar promesas de todos los colores, y de esperar que con cada cambio de gobierno municipal, estatal y federal mejoren nuestras condiciones de vida, seguimos esperando que las palabras se materialicen en acciones concretas que favorezcan nuestros territorios.

A seis años del derrame, Grupo México está llenando una megapresa de jales con millones de litros de desechos de su actividad minera y pretende iniciar la construcción de un acueducto que le abastezca de agua para sus operaciones. A seis años del derrame, nuestros agricultores, en cambio, no consiguen ni un solo permiso para regar sus tierras ni para dar de beber a su ganado. A seis años, nuestras autoridades municipales y estatales han decidido no hablar, poniéndose en nuestra contra. A seis años, las 36 potabilizadoras necesarias para garantizar nuestro derecho al agua se encuentran tan abandonadas como las personas del río. A seis años, las y los habitantes del Río Sonora y Bacanuchi enfrentamos serios obstáculos para ver garantizado nuestro derecho a la salud, y el inmueble que nos dijeron sería destinado a la clínica de especialidades de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS), sigue en obra negra.

Es por ello que continuamos alzando la voz, optando por llegar a acuerdos que se transformen en acciones a favor de las personas afectadas, y buscando todas las vías posibles para garantizar la tranquilidad de nuestra gente. Nosotras y nosotros también proponemos y exigimos ser escuchados.

Llamamos al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros.

A seis años del derrame, estas son las seis acciones urgentes que exigimos a la Semarnat, Conagua, Cofepris, Profepa, Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Economía, desde los Comités de Cuenca del Río Sonora:

1. Garantizar el agua limpia y suficiente.Exigimos monitoreos independientes en todos los pozos y tener acceso completo a los resultados de esos monitoreos. También demandamos la reubicación de los pozos contaminados y la instalación, operación y mantenimiento de las potabilizadoras comprometidas a lo largo de todo el Río. Queremos que todo el proceso sea participativo y supervisado por las comunidades.
2. Asegurar nuestro derecho a la salud.Queremos estudios independientes y especializados a lo largo de todo el Río Sonora para evaluar nuestro estado de salud y los efectos de la contaminación en nuestro cuerpo. Exigimos total acceso a los resultados de estos estudios. Demandamos que se construya la clínica de especialidades en Ures, pero también que se expanda la atención médica especializada a toda la cuenca, incluyendo a las comunidades más alejadas de Hermosillo, como Bacanuchi.
3. Reactivar la economía desde abajo. Exigimos participar, junto con las autoridades, en el diseño de un programa completo para recuperar el valor de todo lo que se produce en la región. Queremos seguridad laboral y respeto a las actividades que desarrollamos, como el trabajo del campo; que se rehabiliten las tierras y que se nos asegure que están libres de metales pesados. Demandamos que se preste especial atención a las actividades primarias de la región y a la vocación agrícola, ganadera, de comercio y de turismo comunitario del Río Sonora.
4. Dejar de privilegiar a las mineras sobre las comunidades. Demandamos que se vigile fuertemente la actividad minera y que se frene a toda costa la sobreexplotación de los recursos naturales, especialmente del agua, que las empresas están realizando en la región. Exigimos que las autoridades hagan su trabajo y gobiernen para la gente, no para las empresas, y que no dejen en manos de las mineras la solución de los problemas públicos. Las comunidades tenemos derecho a participar y decidir frente a nuevos proyectos mineros o a la expansión de los mismos.
5. Participar para decidir el rumbo del Fideicomiso Río Sonora. A raíz de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperamos trabajar con las autoridades en un plan claro para implementar y asegurar la remediación ambiental en toda la región, y que el Fideicomiso se mantenga abierto hasta que haya cumplido con lo que prometió. Además, exigimos que se transparenten los recursos del Fideicomiso y se castigue a los culpables en el caso de desvío o mal uso de esos recursos.
6. Cancelar la presa de jales de Grupo México.Exigimos acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades nos prometieron hace más de un año. Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades.

Al presidente, a la gobernadora, y a todas las instituciones que han venido a hacer promesas a nuestro territorio, les decimos que la omisión de sus obligaciones es una negación de nuestro futuro. El silencio, la ausencia de acciones efectivas, y la falta de compromiso de las autoridades constituye un violación a nuestros derechos humanos, a nuestra seguridad hídrica, y a la vida que hemos construido en la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi.

A seis años de vivir esta tragedia,
demandamos seis acciones urgentes para el Río.
¡No puede pasar más tiempo!
Justicia, remediación y no repetición
Comités de Cuenca Río Sonora
5 de agosto de 2020

La minería en México: ¿un negocio criminal capitalista?

Si bien Grupo México es con seguridad una empresa delictiva — y debería desmantelarse por completo, con Germán Larrea encarcelado— debemos preguntarnos si toda la minería en México y en toda América Latina ha sido históricamente un negocio criminal, una empresa criminal capitalista, incluso cuando el capitalismo apenas comenzaba su jornada de acumulación.

De hecho, ¿No la búsqueda original de oro y plata en el “Nuevo Mundo”, comenzando con el “descubrimiento” de Colón seguido por la Conquista de España y otros, condujo a la esclavitud de los pueblos originarios en las minas, a su casi total aniquilación— todo para proporcionar las riquezas para el desarrollo capitalista de Europa?

No podemos tomarnos el tiempo para rastrear la acumulación primitiva capitalista empapada en sangre. No es sólo una cuestión histórica, sino de aquí y ahora. Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, millones y millones de hectáreas de México fueron entregadas a empresas mineras nacionales y extranjeras para su exploración, con las mineras canadienses y estadounidenses a la cabeza. López Obrador anunció con gran fanfarria que no regalaríamos más tierras, pero mientras tanto ha dejado en pie todas las concesiones mineras. Las comunidades indígenas y campesinas hoy están siendo despojadas; su agua está siendo robada para uso minero.

Son estas comunidades junto con los mineros dispuestos a unirse a esas comunidades, quienes pueden poner fin a la minería como empresa criminal capitalista. Sólo pueden hacerlo en una sociedad emancipada donde la minería se limita a ser un valor de uso humano, no un valor capitalista de cambio.