De la manzana podrida al régimen podrido

José Darío Castrillón Orozco

El gobierno de Colombia mató al abogado colombiano Javier Ordoñez. Una vez más las armas de la República se dirigen contra los connacionales. Como es costumbre usa para ello a las Fuerzas Armadas que desertaron de la misión de cuidar a los ciudadanos de este país, entonces tortura, viola, y asesina civiles desarmados. 

Nada diferente puede esperarse de un régimen apuntalado en el narcotráfico y en el fraude electoral, que, conocedor de su ilegitimidad, toma como gobernabilidad la manguala con los más ricos para depredar el erario; que se aprovecha de la actual pandemia, para saquear los recursos públicos, mientras deja morir a los humildes en el desamparo de la enfermedad. 

Los canallas están hoy en el gobierno, burlando valores democráticos como la separación de poderes, el respeto a las minorías, el sistema de pesos y contrapesos que regula el poder presidencial, el acatamiento a la Constitución; burla el principio de transparencia: es la Casa Presidencial la mayor sede de falsas noticias del mundo, así como de mayores defraudaciones. Esta canallocracia, término del poeta Rubén Darío, parapetada sobre la mentira y la trampa, ha llevado hampones a los cargos superiores de la República: defraudadores de municipios a administrar el tesoro, una señora en curso de proceso por paramilitarismo fue ministra del interior y ahora es consejera de Derechos Humanos; el ministro de defensa no sólo no defiende a los indefensos, sino que fabrica coartadas para los asesinos; siguiendo una tradición uribista tiene en la diplomacia a delincuentes como alias Pacho Santos, y Alejandro Ordoñez, por crear en Colombia escuadrones de la muerte, como confesó Salvatore Mancuso… Por eso gobierna con métodos de mafia, el soborno y el crimen: plata o plomo. 

Este gobierno del lumpen ha provocado, por acción y por omisión, el genocidio de cientos de líderes sociales, sin que las bandas paramilitares que hacen tal matazón paguen por ello; ni por las masacres de jóvenes en retaliación por la detención en su hacienda del capo de la mafia. Las autodenominadas “Águilas Negras” (son verdes), siguen protegidas por el silencio de complicidad del Estado, con garantía de impunidad. Por militancia en el crimen, eligieron como fiscal a un sujeto sin empaque, encargado de sabotear investigaciones y eludir a la justicia. Así, en el caso de la masacre de los cinco menores en Cali, necesitó un elenco de medio centenar de auxiliares para descubrir lo que ya se sabía: que vigilantes de un cañaduzal fueron los homicidas. Lo que no pudo desvelar es que el dueño de la finca, eventual determinador de la matanza, es su copartidario Francisco José Lourido; tampoco pudo saber quiénes eran los policías a los que sorprendieron enterrando clandestinamente los cuerpos, intentando desaparecerlos. En el propósito superior de la impunidad nombra en la Procuraduría General de la Nación, a una ama de casa con título, que tiene el mérito de haber masacrado a veintitrés presos que pedían protección ante el Covid-19. Igual, puso un pelele en la Contraloría General de la Nación. La gran cruzada por la impunidad. 

Esa camarilla de malandros son subproducto de la degradación del conflicto, y prolonga una guerra degradada, de la cual son los únicos beneficiarios, donde los actos de valor se sustituyen por el bombazo, la causa con el lucro, y el heroísmo deviene en cobardía. 

Por eso su afán de sacar de la nomenclatura de las Fuerzas Armadas a integrantes honestos, mientras promueven a policías corruptos. Por eso instauran un sistema de ascensos donde los grados se compran en tarifas que van entre dos y cien millones de pesos, pagaderos a plazos, y deducibles por nómina, según revelaron a la prensa algunos policías, lo cual asegura que ningún agente decente pueda dirigir la policía colombiana. 

Es tal la degradación de esa institución que en diciembre del año pasado el Director General de la Policía mandó al inspector que destapó un caso de corrupción, al general William René Salamanca, a 402 días de vacaciones forzosas. Sólo en Bogotá se han reportado 138 casos de brutalidad policial este año, mientras el periódico El Tiempo, en julio de este 2020, informó que diariamente se instauran ocho denuncias contra integrantes de ese organismo. 

Lo sistemático rebasa la fábula de las manzanas podridas. Se trata de la ilegitimidad del régimen que para sostenerse hace de los integrantes de la fuerza pública un cuerpo de sicarios, a los que promete participación en la feria de la impunidad que se realiza en Colombia. Por eso los crímenes de los policías los investiga y juzga otro policía, de igual corrupción. A casi un año del asesinato de Dilan Cruz, el capitán Manuel Cubillos, evidente asesino, sigue en libertad, tampoco se sabe quién dio la orden. Los videos muestran como los asesinos de Javier Ordoñez, más de dos, proceden con tranquilidad mientras torturan al abogado: tienen impunidad prometida. 

La policía es la institución más desprestigiada del país, más ilegítima. Se autodenomina autoridad, pero no les queda tal, sólo proceder contra los ciudadanos con el terror de las armas públicas. Pagados, además, con dineros públicos. 

Justifica el regimen al policía que lanza contra la ciudadanía aseverando que los enemigos son peores, así equipara mendazmente a estudiantes con guerrilleros, y a la oposición política con enemigos armados. Por eso, hace hostigamiento a la oposición política colombiana, y responde a la protesta con balazos. 

Ante la justa indignación de la ciudadanía el miércoles 9 de septiembre, la policía disparó contra los manifestantes, y terminó disparando en venganza contra los transeúntes que regresaban de trabajar, lo que muestra cuál es el enemigo para ese cuerpo armado: la ciudadanía. Es la misma escuela de la policía norteamericana que mató a George Floyd, entrenada bajo el mismo manual, y por los mismos instructores, la diferencia es que la de allá tiene un enemigo de raza, el negro, mientras que la colombiana tiene enemigo de clase: Los pobres. De ahí el asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos, de indígenas, de afroamericanos, las violaciones carnales en las instalaciones policiales, las masacres a jóvenes, así como la involucración de personal de esa institución en la comisión de todo tipo de delitos. 

Ahora que la indignación popular se ha manifestado, “justamente aborrascado” dice Miguel Hernández, atacando sedes policiales, mientras periodistas adjetivan como vandalismo la protesta, eso que así llaman es la única forma de justicia al alcance del ciudadano.