BOLIVIA Y SUS DOS PROYECTOS DE NACIÓN*

 

Eugene Walker

 

A fines de marzo, un nuevo conflicto estalló en Bolivia: miles de mineros bloquearon las carreteras de cinco departamentos para protestar contra la nueva Ley de Minería. El resultado: tres mineros fueron asesinados por la policía nacional mientras, aquéllos, tomaron como rehenes a decenas de policías. Ahora bien: para poder comprender el significado de este acontecimiento, es necesario hacer una retrospectiva de lo que ha estado pasando en Bolivia desde que Evo Morales llegó a la presidencia en 2005.

En Bolivia, hay dos proyectos de nación en disputa. Con ello, no nos referimos solamente a cómo las transformaciones revolucionarias, desde el año 2000, han venido oponiéndose al capitalismo neoliberal privado, bastante presente todavía en el país. Sin duda, éste es un conflicto aún no resuelto. Sin embargo, del que queremos hablara ahora es de aquél entre el capitalismo de Estado de carácter desarrollista (que suele autodenominarse socialismo) y el amplio movimiento social indígena que ha venido teniendo lugar en el contexto de las transformaciones revolucionarias en Bolivia posteriores al año 2000. Es este segundo conflicto, más profundo que el primero, el que decidirá verdaderamente la batalla contra el capitalismo —ya estatal o privado.

Desde el inicio de la administración Morales-García Linera, ha habido un número importante de protestas masivas —pues dicho gobierno se ha opuesto decididamente a la autodeterminación de la vasta mayoría indígena que hay en Bolivia; asimismo, tampoco ha tenido reparo alguno a la hora de asumir compromisos con las empresas capitalistas nacionales o extranjeras; todo ello, en su intento por aumentar la presencia del Estado tanto en la economía como en la sociedad en general. Veamos:

1.      Inmediatamente después de llegar al poder, el gobierno de Morales decretó que la nueva asamblea constituyente (una de las principales demandas de los movimientos sociales desde el año 2000) estaría basada no en la participación masiva, sino en la de los representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) (el partido de Morales).

2.      La disputa en torno al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) (una región de la Baja Amazonia que el gobierno busca explotar a pesar de la resistencia indígena) aún continúa. En efecto: el vicepresidente García Linera puso en marcha un programa gubernamental de “desarrollo” para la región que es parte fundamental de su concepto de cómo el capitalismo debe expandirse en la zona andina y amazónica; con ello, busca sentar las bases para el futuro desarrollo del socialismo —sea cual sea éste. Mientras tanto, las demandas de los pueblos indígenas en el TIPNIS son ignoradas mediante el argumento de que se vinculan al neoliberalismo; por esa misma razón, el Estado promueve la rivalidad entre los grupos indígenas como estrategia de debilitamiento.

3.      En las zonas urbanas, el intento del gobierno por aumentar considerablemente los precios del gas fue frenado por la oposición masiva de los indígenas de El Alto. Al igual que en el caso del TIPNIS, este conflicto pone en evidencia los dos proyectos de nación que luchan entre sí por determinar el futuro de Bolivia.

 

¿Qué ocurre con los mineros?

Como producto de la Revolución de 1952, las minas fueron nacionalizadas —lo que devino en la creación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), una gigantesca empresa gubernamental; durante esta época, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), surgida diez años antes, tuvo un importante papel en las transformaciones revolucionarias en curso.

No obstante, en la década de 1980, con la entrada en pleno del neoliberalismo, tanto la industria minera como los mineros y su sindicato fueron erosionados. En los últimos años del siglo XX, incluso, las demandas de las compañías mineras se tradujeron en la reprivatización de la industria. Cientos de mineros perdieron su trabajo y se movieron a la ciudad, particularmente a El Alto, donde se convirtieron en activistas. Otros, en cambio, siguieron dedicándose a la minería; para ello, crearon pequeñas cooperativas, desligadas del sindicato, que se encargaban de extraer y vender su producto de manera independiente.

Con la llegada de Morales a la presidencia en 2005, varias minas han sido renacionalizadas, lo que se ha significado la reaparición del FSTMB como organización fuertemente corporativizada; otras minas, no obstante, siguen siendo propiedad privada —ya de grandes empresas, ya de cooperativas de trabajadores. En última instancia, todo esto se ha traducido en una profunda división entre mineros sindicalizados (al servicio del Estado) e independientes.

 

Dos tipos de progreso

Sin embargo, la cuestión crucial no es aquí la de la contraposición entre minas privadas y estatales, o entre obreros sindicalizados y no sindicalizados —aunque todo ello forma parte del problema. El Estado (es decir, el partido en el poder: MAS) está interesado en potenciar la producción minera, tanto estatal como privada —siempre que esta última sea supervisada por el Estado. Más aún: la nueva Ley de Minería está diseñada para darle preeminencia a las minas estatales y para evitar, al mismo tiempo, que las cooperativas le vendan a empresas privadas. De igual manera, busca ponerle trabas a las cooperativas para que no puedan tener acceso a inversiones privadas, de modo que se vean obligadas a cerrar tratos exclusivamente con el Estado de Bolivia.

Ante ello, las cooperativas de mineros se han visto sumamente amenazadas y han salido a las calles. Sus protestas masivas han hecho que el gobierno no siga adelante con la imposición de la Ley de Minería —e, incluso, que haya tenido que reformularla, con lo que le ha devuelto la autonomía a las cooperativas para comercializar de forma independiente.

Simultáneamente, no obstante, dicha reformulación de la ley le da al gobierno más poder para continuar con sus proyectos desarrollistas. De hecho, le permitirá a las empresas mineras expandir la explotación de los recursos acuíferos —pues, ahora, no sólo tendrán incidencia sobre el área de minas, sino sobre las tierras adyacentes.

Los pueblos autóctonos, los campesinos y los ecologistas, entre otros sectores, cuestionan fuertemente este tipo de “progreso”, que destruye la tierra. El gobierno, a su vez, no se preocupa por los mineros —sindicalizados o independientes—, sino sólo por ampliar el control estatal y por seguir generando y generando más recursos. En este contexto, ¿en dónde quedan las voces de los movimientos sociales bolivianos?; ¿en dónde, las de los mineros? Como podemos ver, dos proyectos de nación en Bolivia batallan el uno contra el otro.

 

Trad. Héctor Sánchez



* Originalmente publicado en inglés como “Bolivia’s Two Worlds”, en News and Letters, vol. 59, núm. 3, mayo-junio 2014, <http://newsandletters.org/bolivias-two-worlds/> [30 jul. 2014].