LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO: OBJETIVIDADES Y SUBJETIVIDADES

 

Héctor M. Sánchez

 

El 20 de diciembre de 2013, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto mediante el cual quedaron reformados los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —reformas que abrieron el marco legal para que actividades hoy exclusivas de organismos estatales descentralizados (o paraestatales), como la extracción de hidrocarburos y la producción de energía eléctrica, puedan ser también llevadas a cabo mediante contratos, coinversiones, etc., con empresas privadas[1]. Desde entonces, y hasta el 11 de agosto del presente, las Cámaras de Diputados y Senadores han venido aprobando una serie de leyes secundarias que harán posible, en términos fiscales, logísticos y jurídicos, la puesta en práctica de dicha reforma energética[2]. Pero, ¿qué significa ésta en el campo de la lucha entre los dos principales proyectos de nación que hay en el país: el del capitalismo privado-estatal, por un lado, y el de la autogestión, por otro? El presente texto se propone hace un bosquejo de las diferentes fuerzas en pugna en torno a la reforma energética: su objetividad y su subjetividad.

 

El contenido de la reforma

Desde que, en 1938, el Estado mexicano decretó la nacionalización del petróleo y creó la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para explotar de manera exclusiva dicho recurso, el petróleo se convirtió en el principal motor de la economía mexicana, tanto a nivel interno como externo; ahora bien: si en algún momento, la actividad petrolífera estuvo más diversificada (pues se contaba con refinerías para la producción de varios petroquímicos), en la actualidad se reduce a la exportación de petróleo crudo, uno de los bienes más preciados en el mercado global. La venta de barriles de crudo en 2013 le representó al Estado mexicano, por ejemplo, cerca del 34% de sus ingresos totales, lo cual equivale al 7.3% del PIB de ese año (del 21.6% que ingresó al tesoro público[3]). En el caso de la energía eléctrica, desde 1960 su producción ha corrido también exclusivamente a cargo de organismos paraestatales: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), creada en 1937, y Luz y Fuerza del Centro (LyFC), creada en 1949 y extinta por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009; entre ambas empresas se encargaban de generar y distribuir energía eléctrica para prácticamente todo el país.

Con la reforma energética, los recursos energéticos se privatizan —pero no del mismo modo en que lo estaban antes de la Revolución de 1910-1930, cuando, ante un Estado relativamente débil, las compañías del ramo podían disponer de las riquezas del subsuelo a su antojo—; ahora, el Estado se propone fungir como “mediador” para, a la vez que se conserva a sí mismo en tanto aparato de clase, poder contribuir a los proyectos expansivos del capital[4]. En vez de recibir exclusivamente mediante el cobro de derechos sobre hidrocarburos a Pemex, el 4.7% del PIB correspondiente a los ingresos petroleros de 2013[5], el Estado busca ahora recibir ese mismo porcentaje[6], y aún mayor[7], tanto del mantenimiento del cobro de tales derechos como de la deducción de utilidades a las compañías que “co-participen en el negocio”. A su vez, se prevé que Pemex pueda migrar paulatinamente, a fin de no afectar los ingresos públicos que genera el día de hoy, de su régimen tributario actual a uno más “ligero”, cercano al de una empresa “competitiva” —sólo que manejada por el Estado. Se busca, pues, que en el mediano plazo Pemex pase de ser una compañía “privilegiada” que recibe asignaciones a una compañía que compite, como todas las demás, por contratos[8].

En el caso de la energía eléctrica, ésta ya no será sólo producida y distribuida por la CFE, sino que los usuarios podrán elegir entre las distintas compañías que brindarán el servicio. Con todo ello, apuntan los comunicados oficiales[9], se generarán en los próximos diez años “millones de empleos”; crecerá la economía mexicana y, por tanto, el tesoro público[10], lo que redundará en mejores programas de desarrollo y seguridad social; finalmente, “todos nos veremos beneficiados” porque, debido al aumento de la productividad y la competitividad, el precio de mercado del gas, la gasolina y la luz —y, por tanto, del transporte y los alimentos—, se verá disminuido. Todo ello, sin duda, puede ser cierto en algún sentido —pero, ¿en cuáles otros no lo es? Antes de pasar a este punto, no obstante, es necesario detenernos en el análisis de lo que ha significado el papel del Estado en la producción petrolera en México.

 

Consideraciones históricas

La expropiación de 1938 se realizó en el contexto de una revolución recién acabada en la que la burguesía nacional había sido la principal ganadora —y, junto a ella, el Estado. Este último, en consecuencia, necesitaba no sólo fortalecerse a sí mismo, sino generar las condiciones para el pleno desarrollo de la clase a la cual representaba: la burguesía nacional. Siendo el petróleo un recurso estratégico, tanto a nivel interno como en el mercado global, el Estado decidió nacionalizarlo y convertirlo en el pivote de su propia consolidación; simultáneamente, favorecería con otras reglamentaciones a la incipiente industria nacional. Entre 1938 y principios de la década de 1980, México viviría, al igual que buena parte de los países en el mundo, bajo la política del “Estado benefactor”, lo cual iría de la mano de un “crecimiento económico” sin precedentes, conocido por muchos como “el milagro mexicano”. Cuando, debido a las contradicciones inherentes al capital,  este modelo de acumulación se vio agotado, la política del “Estado benefactor” comenzó a derrumbarse por sí misma, tanto en México como en el resto del globo. Desde entonces, los distintos gobiernos mexicanos han venido gestando una transición hacia un modelo acumulativo que, de forma similar a lo que ocurría en el siglo XIX, le deja la iniciativa económica a las empresas privadas y al mercado: esto es lo que hoy denominamos neoliberalismo. Así, hemos sido testigos del traspaso de la banca, en los años 80, y de la compañía telefónica nacional, en los años 90, a manos del capital privado; hoy parece ser el turno de la industria eléctrica y petrolera, dos de las más decisivas en el mundo actual.

En todo ello hay que hacer notar, por supuesto, que el “proyecto de desarrollo” iniciado con la expropiación petrolera en 1938, jamás se planteó cambiar el modo de producción vigente, sino que fue un intento de capitalismo de Estado que se correspondía perfectamente  con el estadio de evolución del capital en el resto del mundo; por ello, si bien significó un “crecimiento sin precedentes de la economía mexicana”, así como cierto “estado de bienestar generalizado” para la población, no logró resolver las demandas más profundas de ésta. En ese sentido, bien podemos decir que el petróleo nunca ha sido de los mexicanos, sino de su clase política. De allí la debilidad de la “izquierda mexicana” cuando, al criticar la actual reforma energética, propone como alternativa a la entrada de compañías privadas al “negocio energético”, el fortalecimiento y modernización de los organismos paraestatales; es decir: un modelo en que la productividad, la competitividad y la acumulación de valor de cambio son todavía los valores predominantes —sólo que, en lugar de ser promovidos por las empresas particulares, corren a cargo del Estado[11]. ¿Son en verdad, éstos, los dos proyectos de nación entre los que debemos elegir? Hay que mirar más profundamente para darnos cuenta de que no es de esta forma.

 

¿Cómo nos afecta la reforma energética, y cómo estamos actuando ante ella?

Las afectaciones de la reforma energética pueden clasificarse en tres rubros, según el tipo de actor social al que se dirigen:

1) Campesinos y pueblos originarios. De acuerdo con el artículo 8 transitorio de la reforma,

Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva[12].

 

En otras palabras: dicho artículo proporciona el marco legal para llevar adelante el ya de por sí existente despojo de tierras a los pueblos indígenas y campesinos. Más aún: incluso suponiendo que éste se realice según “los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial [de la tierra] o, en su caso, la indemnización respectiva” determinados por la ley —y no siguiendo las prácticas fascistas con las que normalmente es llevado a cabo—, ello no oculta el hecho esencial: si “las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica” son considerados “estratégicos” y prioritarios para el gobierno mexicano, esto se debe al valor de cambio que significan en el mercado mundial; de esa forma, en estas líneas queda explícito el carácter capitalista, no autogestivo, del “proyecto de nación” propugnado por el Estado. ¿Qué pasará cuando el petróleo y la energía eléctrica dejen de ser mercancías tan redituables? No podremos alimentarnos de ellas. El suelo destinado a su producción, en cambio, y no obstante las supuestas reglamentaciones ecológicas al respecto[13], será inútil para la agricultura y la ganadería, pues estará completamente contaminado; asimismo, los bienes de consumo básicos nos seguirán llegando del extranjero (en el mejor de lo casos).

Ante este proyecto expansionista del capital, aparece otro, protagonizado por las comunidades indígenas. El 9 de agosto de 2014, dos días antes de que el paquete de legislaciones secundarias de la reforma energética fuera promulgado de manera oficial, llegaba a su fin en la selva lacandona la Primera Compartición de Pueblos Originarios con Pueblos Zapatistas, la cual tuvo como objetivo precisamente intercambiar experiencias sobre las distintas formas de lucha que los indígenas sostienen contra el capital. Éstas quedaron resumidas en la declaración Sobre el despojo a nuestros pueblos[14], la cual hace además constar los diversos proyectos energéticos, agroindustriales, comerciales, aeroportuarios, carreteros, residenciales y turísticos (es decir: justo aquéllos que, ya directa o indirectamente, serán potenciados por la actual reforma energética) promovidos por el capital. Frente a ellos, las comunidades indígenas y campesinas proponen la conservación de la tierra y sus recursos, la autonomía alimentaria y la autodefensa; es decir: el autodesarrollo colectivo, tal como quedó expresado, por ejemplo, en el Encuentro y Jornadas Nacionales de Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, llevado a cabo los días 16 y 17 de agosto del presente en San Salvador Atenco[15], y en el cual varias organizaciones buscaron concertar fuerzas y estrategias en la guerra contra el despojo. Este proyecto popular de autogestión, sin embargo, no sólo le concierne a los pueblos indígenas y campesinos, sino que constituye la base de un auténtico proyecto de liberación nacional. Su resistencia, por tanto, fundamenta la lucha de otros actores sociales. ¿Cómo se están vinculando éstos entre sí?

2)   Trabajadores del sector energético. Ya hemos visto cómo la reforma energética quiere “modernizar” a Pemex y CFE, de modo que funcionen de acuerdo con los criterios de una empresa capitalista ordinaria. Esto queda claramente asentado en el artículo vigésimo transitorio, fracción tercera, de la reforma:

Su organización, administración y estructura corporativa [de Pemex y CFE] sean acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional[16].

 

En el artículo tercero transitorio ya se había decretado, además, que PEMEX y CFE pasarán de ser organismos descentralizados a empresas productivas del Estado[17]; es decir: empresas supuestamente más autónomas en términos administrativos, presupuestarios y de deuda pública[18], pero a la vez más ceñidas a la vigilancia de una comisión de funcionarios gubernamentales que se encargarán de hacerlas más “productivas”[19], así como a la de los distintos órganos cuya función será regular la “competitividad” del mercado[20].

Todo ello, desde el punto de vista de los trabajadores, no significará sino intensificación de la jornada laboral  o, bien, cientos de miles de despidos —pues sabemos que, en el sistema capitalista, el aumento en la productividad y la reducción de costos, por un lado, equivale necesariamente al aumento proporcional del ejército de desempleados por el otro. Es, en palabras de Marx, la tendencia irrefrenable del capital a aumentar progresivamente su parte constante (medios de producción) sobre su parte variable (fuerza de trabajo). Nada de esto, claro está, excluye —sino que más bien, paradójicamente, demanda— la presencia y fortalecimiento de sindicatos corporativizados que sigan conteniendo las luchas obreras.

Los trabajadores que, en nombre de la “eficiencia empresarial”, sean despedidos de Pemex y CFE, no podrán ser recontratados, en su totalidad, por las compañías privadas que entren al “negocio energético” —ya que, para estas compañías, poseedoras de una composición orgánica del capital más elevada[21], buena parte de los que hoy son trabajadores de dichos organismos paraestatales resultará superflua. ¿Se generarán millones de empleos en los próximos diez años? Tal vez; sin embargo, la tasa de desempleados irá siempre en aumento[22]. La destrucción de Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2009, con el consiguiente despido de sus más de 15,000 trabajadores, no fue sino el primer golpe del capital en el rubro energético; algo similar podría ocurrir con Pemex y CFE. ¿Cómo estamos actuando ante ello? ¿Cómo los trabajadores de Pemex y CFE pueden granjearse el apoyo de otros sectores sociales? En el caso de LyFC, por ejemplo, 1,500 de sus ex trabajadores han logrado ya su recontratación en diversas empresas, y algunos más han recuperado su derecho a un fondo de retiro; otros, siguen en resistencia. Nada de ello, por supuesto, es suficiente, sino que es necesario llevar la lucha más adelante.

3) Consumidores de las clases media-baja y baja. Aun en el mejor de los escenarios —en el que, en efecto, los ingresos públicos por rentas petroleras aumenten (en lugar de estancarse o disminuir), y en el que, en lugar de constituirse como un gran oligopolio, las compañías productoras y distribuidoras de hidrocarburos y de energía eléctrica realmente logren ofrecer un precio de mercado inferior al actual—; aun en este caso, decimos, la tendencia de un proyecto neoliberal como el de la reforma energética irá haciendo crecer, según apuntamos, al ejército industrial de reserva o ejército de desempleados. Por ende, el precio de la gasolina, el gas y la luz podrán llegar a ser menores, pero habrá una proporción cada vez más reducida de personas que podrá tener acceso a dichos productos y servicios[23]. Los primeros afectados por esta situación serán, naturalmente, las clases baja y media-baja[24]. ¿Cómo estamos actuando ante ello?

 

Conclusiones

Ante la embestida neoliberal de la nueva reforma energética, muchos sectores sociales nos vemos afectados y nos hemos puesto en movimiento; aquí, hemos mencionado a los tres principales: comunidades indígenas y de campesinos, trabajadores del sector energético y consumidores de las clases media-baja y baja. Sin embargo, ninguna de nuestras acciones, por sí sola, es capaz de refrenar este brutal ataque del capitalismo y de dar origen a un nuevo modo de producción y de relaciones humanas. La misión de una organización revolucionaria, por tanto, consiste no sólo en ayudar a potenciar las luchas de cada uno de estos sujetos, sino a conectarlos entre sí, de manera que se vaya abriendo cada vez más en el horizonte el proyecto de nación libre, anticapitalista, al que muchos aspiramos. Esto, claro está, manteniendo siempre el vínculo dialéctico entre teoría y práctica, entre filosofía y acciones espontáneas de las masas —vínculo, sin el cual, ningún mundo verdaderamente nuevo será posible.

 

 

México, D.F, a 19 de agosto de 2014.



[1] Poder Ejecutivo/Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía [PDF]”, en Diario Oficial de la Federación (edición vespertina), 20 dic. 2014, <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2013&month=12&day=20> [19 ago. 2014].

[2] Presidencia de la República, “Iniciativas de leyes secundarias”, en Presidencia de la República, <http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!leyes-secundarias> [6 ago. 2014], y “Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2014”, en Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión, < http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/> [19 ago. 2014].

[3] Presidencia de la República, “Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014” [PDF], p. XVIII, en Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión, <http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/01_lif_2014.pdf> [19 ago. 2014].  

[4]Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. Karl Marx y Friedrich Engels, “Manifiesto del Partido Comunista”, en Archivo Marxista Internacional (1999) <http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm> [4 sep. 2014].

[5] 4.7%, ya que el 2.6% restante del 7.3% total (es decir, casi el 36%) se quedó como reinversión para Pemex. Presidencia de la República, “Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, General de Deuda Pública y de Petróleos Mexicanos [PDF], p. XIII, en Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión, < http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/07_lih_lfpr.pdf> [19 ago. 2014].

[6] Gobierno de la República, Reforma energética [Explicación] [PDF], p. 13, en <http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf> [19 ago. 2014].

[7] Ibid., pp. 14-15; Presidencia de la República, “Iniciativa de Ley de Ingresos…”, op. cit., p. XIX, y Poder Ejecutivo/Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, op. cit., artículo décimo cuarto transitorio, fracciones 4 y 5, pp. 9-10.

[8] La figura de asignaciones se refiere a los proyectos de extracción de hidrocarburos que serán entregados exclusivamente a Pemex por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (ver nota 18); esto ocurrirá en la así llamada ronda cero. Los contratos, en cambio, son licitaciones que se otorgarán tanto a las empresas privadas como a Pemex, allí donde éste no obtenga proyectos mediante asignaciones y tenga que competir por ellos, al igual que cualquier otra compañía. Los contratos iniciarán en la ronda uno. Ver ibid., p. 3, y Presidencia de la República, “Iniciativa de Decreto…”, pp. I-XXII, así como los títulos primero, segundo y tercero de la ley, pp. 31-81. El 17 de agosto de 2014, menos de una semana después de promulgada la reforma energética, se llevó a cabo la ronda cero y se prepararon las condiciones para la ronda uno, la cual se realizará a principios de 2015. Todo esto nos muestra la gran prisa del Estado mexicano por poner en marcha “su nuevo modelo energético”.

[9] Gobierno de la República, Reforma energética…, op. cit., pp. 1-2.

[10] Tan grande se pronostica el aumento del tesoro público con la reforma energética, que el Estado, en lugar de iniciar un proceso legal contra los responsables del mal manejo de fondos de Pemex y CFE, decidió simplemente asumir como deuda pública 700,000 millones de los 1.7 billones de pesos de pasivos laborales de dichos organismos descentralizados (“Consumado: el pasivo laboral de Pemex y CFE, deuda pública”, en La Jornada (30 jul. 2014), <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/30/aprueban-diputados-en-lo-general-leyes-de-pemex-y-cfe-2150.html> [23 ago. 2014].

[11] Escuchar, por ejemplo, la participación de Denise Dresser en Carmen Aristegui, “Mesa de análisis: Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo sobre la reforma energética”, en Noticias MVS, (28 jul. 2014), < https://www.youtube.com/watch?v=8o9HlZ-CUAI> [19 ago.2014], o la de Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Navarrete  y Andrés Manuel López Obrador, supuestos “líderes de izquierda” mexicanos, en Carmen Aristegui, “Despierta México: las voces para una reforma energética”, en Benitabravo, (6 mar. 2012), < https://www.youtube.com/watch?v=Aey50KYyhF0> [19 ago. 2014].

[12] Poder Ejecutivo/Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, op. cit., p. 6.

[13] Ibid., artículos décimo séptimo a décimo noveno transitorios, pp. 11-12.

[14] “2ª declaración de la Compartición CNI-EZLN. Sobre el despojo a nuestros pueblos”, en Enlace Zapatista, (16 ago. 2014), <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/08/16/2a-declaracion-de-la-comparticion-cni-ezln-sobre-el-despojo-a-nuestros-pueblos/> [19 ago. 2014].

[15] Mauricio Vásquez Techichil, “Se reúnen más de 112 organizaciones contra el despojo nacional en Atenco”, en Desinformémonos. Periodismo de abajo, 18 ago. 2014, <http://desinformemonos.org/2014/08/se-reunen-mas-de-112-organizaciones-contra-el-despojo-nacional-en-atenco-somos-el-medio-180814/> [19 ago. 2014].

[16] Poder Ejecutivo/Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, op. cit., p. 12.

[17] Ibid., p. 4.

[18] Ibid., artículo vigésimo transitorio, pp. 12-13, y Presidencia de la República, “Iniciativa de Decreto…”, pp. XXV-XXX y 89-101.

[19] Idem, y Gobierno de la República, Reforma energética…, op. cit., pp. 16-17.

[20] Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, cuyas nuevas funciones y estructura se estipulan en los artículos décimo segundo y décimo tercero de la reforma (Poder Ejecutivo/Secretaría de Gobernación, “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”, op. cit., pp. 7-8), o el Centro Nacional de Control del Gas Natural, cuya creación se estipula en el artículo décimo sexto transitorio, fracción a, de la misma (Ibid., p. 11).

[21] Es decir: de una proporción de capital constante mucho mayor a la de capital variable, en comparación con la que hoy existe, término medio, en el ramo de la producción energética.

[22] La tasa oficial de desempleo nacional es del 5%; es decir: de cerca de 2 millones 591,000 mexicanos. Entre los jóvenes, esta tasa es aun mayor —del 9.7% (“Tasa de desempleo de México, la cuarta más baja de OCDE”, en El Economista, 11 jun. 2014, <http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/06/11/tasa-desempleo-mexico-cuarta-mas-baja-ocde> [23 ago. 2014]). Sin embargo, de los empleos existentes, casi el 60% es de carácter informal (“Informalidad, a la cabeza en nuevos empleos”, en El Economista, 13 feb. 2014, <http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/02/13/informalidad-cabeza-nuevos-empleos> [23 ago. 2014) Por otra parte, hay que hacer notar que la participación del salario en el PIB ha disminuido del 32 al 27% en los más recientes diez años (“Salarios pierden peso en la economía”, en El Financiero (20 ago. 2014), <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salarios-pierden-peso-en-la-economia.html> [23 ago. 2014].

[23] Véase, por ejemplo, que la participación del salario en el PIB nacional ha disminuido del 30.8 al 27.2% en los más recientes diez años (“Salarios pierden peso en la economía”, en El Financiero (20 ago. 2014), <http://www.elfinanciero.com.mx/economia/salarios-pierden-peso-en-la-economia.html> [23 ago. 2014]). Esto refleja la clara tendencia del capital a deshacerse paulatinamente de su fuerza de trabajo —ya explotándola más, ya sustituyéndola por máquinas más “eficientes”. El Estado, según habíamos apuntado, recibió en 2013 el 21.6% del PIB. Esto significa que el capital (industrial, financiero y comercial) se quedó en dicho año con 51.2% del PIB nacional.

[24] En el resumen ejecutivo de la reforma energética, se dice que “la Comisión [Federal de Electricidad] se verá fortalecida al permitirle competir para recuperar a los grandes usuarios que compran más electricidad, y se le darán las herramientas necesarias para permitirle reducir las pérdidas de energía, el robo y el no pago” (Gobierno de la República, Reforma energética. Resumen ejecutivo [PDF], p. 13, en <http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/resumen-de-la-explicacion.pdf> [19 ago. 2014] [el subrayado es mío]). Esta disposición está dirigida, sobre todo, a las personas de clase baja y media-baja que, al no contar con los recursos económicos para tener acceso al servicio de luz eléctrica, se valen de métodos “ilegales” para obtenerlo, como el uso de diablitos y otros mecanismos. La forma en que los integrantes de dichas clases se las arreglen para sobrevivir a este nuevo modo de exclusión y criminalización por parte del capital y del Estado, constituirá justamente un símbolo de su creatividad y un germen de su resistencia.