Elecciones y democracia a la moda de la casa*

 

Adrián Sotelo

Rebelión

 

Dos acontecimientos marcan la reciente coyuntura electoral: la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de la elección presidencial el 31 de agosto de 2012 —que le otorgó el carácter de presidente electo al candidato del PRI al haber obtenido la mayoría de los votos— junto con la derrota del candidato de las llamadas "izquierdas" y la "renuncia" y "separación" de éste de los partidos que lo postularon para darse a la tarea de construir un "nuevo" partido acorde con sus intereses personales y electorales.

En efecto, como se esperaba, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proclamó vencedor de la contienda presidencial a Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, y fue reconocido como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Los resultados oficiales de la votación dados a conocer fueron los siguientes: PRI: 19 millones 158 mil 592 votos; PRD: 15 millones 848 mil 827; PAN: 12 millones 732 mil 630; PANAL: 1 millón 146 mil 085. Votos nulos: 1 millón 236 mil 857 y no registrados: 20 mil 625. Total: 50 millones 143 mil 616. Sin embargo, el índice de abstencionismo fue de 39% del total de la lista nominal (establecida en 79 millones 454 mil 802 personas).

Ante lo que de antemano se consideró como crónica de un "fraude" electoral anunciado, en artículo anterior comentamos que para el movimiento de las autodenominadas "izquierdas" —que fueron quienes impugnaron solamente la elección presidencial, pero no así la de diputados, senadores y gobernadores (lo que resultó contradictorio)— sus "opciones" en el contexto del régimen político mexicano y de la coyuntura electoral se reducían solamente a dos: actuar dentro de dicho orden institucional, lo que tarde o temprano, aunque fuera a regañadientes, lo llevaría a aceptar el dictamen oficial de los magistrados del tribunal que es inapelable o, cuestión muy lejana, recurrir a la insurrección popular —"desobediencia civil" le llaman— para, en los hechos, impedir el reconocimiento del candidato del PRI y, en su lugar, imponer el suyo propio, que fue ciertamente el que obtuvo el segundo lugar en la contienda.

La protesta y movilización del candidato del "movimiento progresista" ante la designación oficial del triunfador de las elecciones presidenciales, en virtud de que presuntamente operó un "fraude electoral" —muy similar al de 2006 que, por cierto nunca se demostró— y la solicitud a las autoridades de la invalidez solamente de la elección presidencial, no se concretaron en movilizaciones en las calles, en la toma de carreteras y casetas de cobro, paralización de actividades productivas y gubernamentales y en otras acciones y medidas de presión por parte de fuerzas y organizaciones (sindicales, estudiantiles o magisteriales) afines a ese movimiento (como el colectivo #YoSoy132). En la práctica más bien, implícitamente, asumieron la resolución oficial tal cual, y el dictamen del TEPJF que avala el Estado a través de sus instituciones burocráticas como los tribunales electorales; todo ello, dentro de las normativas y vicisitudes jurídico legales que marca el Estado mexicano y que corresponden a los gobiernos fielmente estructurados dentro de las políticas neoliberales y mercantilistas.

El no hacerlo, es decir, desoír y desacatar las resoluciones supremas de los tribunales hubiera colocado al movimiento encabezado por AMLO frente a tres escenarios: a) resignarse; b) proclamarse, como en 2006, "presidente legítimo" y volver a incursionar en el 2018 en las elecciones presidenciales o bien, finalmente, c) desencadenar la "desobediencia civil" y rebasar los límites de la democracia burguesa en su vertiente de gobernable, viable y restringida.

Como era de esperarse se optó por la opción a) acompañada del anuncio de su "renuncia" al PRD para participar en las próximas elecciones presidenciales en el todavía muy lejano año 2018.

Mientras todo esto ocurre, sin embargo, las principales fuerzas económicas y políticas del país: partidos políticos registrados, clases empresariales, burocracia política y gobiernos (entrante y saliente) realizan negociaciones, pactos y componendas internas y privadas tendientes a impulsar las eufemísticamente llamadas "reformas estructurales": laboral, energética, hacendaria y fiscal; todas ellas de marcado carácter neoliberal y mercantilista supuestamente encaminadas a contrarrestar las dificultades económicas del país y a garantizar la creación de empleos para la población. Es decir, para el nuevo gobierno que comandará el nuevo bloque de poder bajo la batuta del PRI y de la partidocracia mexicana, lo fundamental, lo estratégico, es ajustar la economía nacional a las condiciones imperantes en el capitalismo globalizado, el cual exige profundas reformas y ajustes estructurales políticos y sociales como esta ocurriendo de manera intensa y particular en los países de la Unión Europea (UE) que en los últimos dos años han intensificado el deterioro de las condiciones de vida, sanidad y trabajo de la mayoría de la población.

La punta de lanza, luego de la contienda electoral, ha sido justamente el envío por parte del Presidente de la República —y con carácter de "preferente"— de la Iniciativa de Reforma Laboral al Congreso con el fin de que éste en breve la analice y, en su caso, apruebe, para reformar las principales leyes laborales consagradas en el artículo 123 constitucional y en su ley reglamentaria: la Ley Federal del Trabajo (LFT) que, entre otras medidas, contempla la flexibilización de la compra y venta de la fuerza de trabajo, la ampliación de los contratos a prueba, la anulación de los tribunales del trabajo como los de Conciliación y Arbitraje, la legalización del outsourcing (o subcontratación que ya involucra a alrededor de 2.5 millones de trabajadores) que precariza el trabajo y liquida sus derechos laborales y contractuales; la reivindicación del "derecho patronal" a contratar y despedir libremente a sus trabajadores —de hecho esto es la flexibilidad—; el pago por horas, el abaratamiento de la indemnización por concepto de despido y/o liquidación por cualquier otra causa que lo provoque.

La "necesidad" de esta reforma laboral es ya un viejo reclamo del capital y del empresariado en México, pero hasta la fecha no se ha concretado, entre otras razones, debido a la oposición interpuesta por las principales fuerzas del sindicalismo conocido como independiente, el cual ha mostrado fuerte activismo y desplegado acciones de resistencia, movilización y lucha para impedir su imposición por parte de la patronal y del Estado.

Desde esta perspectiva, debemos recalcar que los anteproyectos e iniciativas de reforma a la ley laboral, que hasta ahora se han presentado, en esencia no se distinguen de esta Iniciativa que presenta el gobierno panista.

En efecto, desde la Iniciativa de Reformas al Artículo 123 Constitucional y a la Ley Federal del Trabajo del Partido Acción Nacional (PAN) del 12 de julio de 1995; el Anteproyecto de Reforma a la Legislación Laboral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 1998 y la Exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones de la Ley Federal del Trabajo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) suscrita conjuntamente con los partidos Verde Ecologista, Convergencia Democrática, del Trabajo, de la Revolución Democrática, el Barzón y el Congreso Agrario Permanente, y dada a conocer el 31 de octubre de 2012; las posteriores Ley Abascal y la más reciente Ley Lozano, las principales fuerzas político-electorales en el fondo coinciden en que no cuestionan el régimen de explotación del trabajo vigente en México, sino, más bien, lo "actualizan", "modernizan" y "perfeccionan" en concordancia con los tiempos neoliberales que vivimos y de la globalización capitalista a ultranza que reclama, con creces y sin premuras, el abaratamiento del valor de la fuerza de trabajo para ser "competitivos", su flexibilidad y precarización con el fin de disponer de las masas de valor y de plusvalor requeridas por el capital en sus procesos de acumulación y de reproducción. No atender a esta premisa histórica de la globalización capitalista es, según entienden los ideólogos patronales, desfasarse del mercado y de sus "beneficios".

En otra oportunidad tocaremos este tema tan importante y trascendente para el movimiento obrero y los trabajadores de nuestro país. Sólo nos basta con recalcar que, independientemente de que esta reforma se imponga en breve, ella ha sido posibilitada dado el profundo nivel de reflujo en que se encuentra el movimiento social y los sindicatos, cuestión que ha sido bien aprovechada para insistir en su aprobación con miras a obtener los resultados esperados por el gobierno y por el gran capital al que aquel obedece.

Y lo mismo podemos decir para las otras reformas llamadas estructurales, léase privatización de los energéticos mediante la afluencia a ese sector de las inversiones del gran capital nacional y extranjero; la reforma hacendaria que justificaría el aumento y generalización del IVA en medicinas y alimentos, dejando una pírrica "canasta básica" exenta del mismo y, por último, la fiscal tendiente, entre otras cosas, a gravar con impuestos al llamado sector informal —léase subempleo— de la economía nacional que ya cubre más del 50% de la PEA del país.

El soporte material de este envalentonamiento de las patronales y del gobierno, radica en la débil oposición del llamado "movimiento progresista" durante el proceso electoral y en la ilusión que sembró en una fracción de la sociedad que inclinó su voto por su candidato respecto a su perseverancia en la impugnación de la elección presidencial debido a la realización de un presunto "fraude" que habría llevado a cabo el candidato priísta en contubernio con el gobierno panista y con el duopolio televisivo privado del país.

Si todavía había sombras de duda respecto al triunfo del candidato priísta antes de estos acontecimientos, sin embargo, a partir de la proclamación legal del triunfo del PRI por el TEPJF, del reconocimiento implícito de los gobernadores del llamado movimiento progresista que ganaron la elección gubernamental en el Distrito Federal y en los Estados de Morelos y Tabasco, así como de la toma de posesión de sus curules millonarios por parte de senadores y diputados de las mal llamadas "izquierdas" y, por último, del anuncio unipersonal de la separación del ex-candidato del llamado "movimiento progresista" de su propio partido (el PRD) y de los partidos que conformaron dicho movimiento que lo postuló a la presidencia de la República en el mitin celebrado el domingo 9 septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, estos acontecimientos terminaron por esfumar y frustrar todo indicio de protesta ante el presunto fraude electoral, mientras que el otrora partido contendiente en la elección presidencial, el PAN, —que aparentemente había marcado su distancia y manifestado su disgusto frente al cúmulo de irregularidades habidas en la campaña, principalmente por el PRI— reconocía explícitamente el triunfo del candidato de este último partido, y no solamente eso, sino que, además, se tomaba la foto y sellaba nuevamente su histórica alianza entre ambos partidos para impulsar conjuntamente las reformas estructurales.

Es evidente que aquí, en esta nueva coyuntura, los partidos de las llamadas "izquierdas" no harán otra cosa más que convalidar y legitimar la imposición de dichas reformas en la medida en que aún en el caso de que formalmente se opongan en las votaciones respectivas en el Congreso a su aprobación, sin embargo, enviarán a la sociedad las señales suficientes, a través de los medios de comunicación, de que en México existe "democracia" y que está efectivamente representa a las "mayorías", las cuales manifiestan su consenso a través de sus "representantes" libremente elegidos para que sean aprobadas y entren en vigencia, aún con su profundo contenido anti-obrero y anti-popular que las caracteriza.

Es cierto que lo apresurado del envío por parte del gobierno en funciones de la reforma laboral para que ésta sea aprobada antes del inicio del nuevo gobierno, el 01 diciembre 2012, constituye una especie de hándicap pero que, obviamente, el presidente electo y su equipo de asesores habrán de valorar su pertinencia en este momento, por lo que es probable que tire línea a sus legisladores en el Congreso de la Unión para que la reforma laboral sea postergada hasta que tome posesión del cargo y se convierta en presidente de México.

Es cuestión de tiempo, de cualquier manera a largo o mediano plazos las reformas neoliberales se habrán de concretar ante una "oposición" débil y fragmentada que no tendrá otro efecto más que el de dejar inerme a los trabajadores y la sociedad frente a los embates del Estado y del gran capital que ahora contarán con la suficiente fuerza y legitimidad que les confiere la democracia burguesa tanto dentro como fuera del Congreso para garantizar y reproducir sus intereses de clase e imponerlos como como consecuencia de la inexistencia en el país de una oposición anticapitalista a sus designios.

Por ello, una vez despejado el camino y advertida la cruda realidad económica, social y política que se avecina en el contorno de la intensa crisis estructural del capitalismo global y nacional, nuevamente tendrán que ser las organizaciones de clase, de los trabajadores, los campesinos, los indígenas y los estudiantes quienes asumirán las riendas de sus destinos para plantearse organizadamente los caminos comunes que habrán de construir para erigir verdaderamente una oposición que le ponga coto a las políticas neoliberales y se plantee en serio la necesidad de construir e impulsar una estrategia y una alternativa anticapitalistas que coadyuven a resolver sus intereses y demandas.

Pero este tema es motivo de otra reflexión.

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            * Tomado de Rebelión con permiso directo del Autor: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156254